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Riqueza y pobreza en el Estado de México
Por Abel Pérez Zamorano

El Estado de México es una de las entidades que más riqueza genera. En términos de aportación al Producto Interno Bruto nacional (PIB), ocupa el segundo lugar, con 9.1 por ciento del total. Si fuera un país, por su PIB ocuparía el lugar número 58 mundial. En 2024 aumentó su PIB por arriba de la media nacional; es la tercera entidad que más impulsó la economía, sólo detrás de la Ciudad de México y Nuevo León. Ocupó el segundo lugar en impulso manufacturero. Es primer lugar en varios subsectores de la industria manufacturera: fabricación de insumos y productos textiles; industria del papel e impresión; fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón, industria química, industria del plástico y del hule. En general, con un 9.5 por ciento, en la industria manufacturera ocupa el segundo lugar nacional, después de Nuevo León. Ocupa el segundo lugar en atracción de Inversión Extranjera Directa (La información anterior procede del documento Desarrollo Económico, Resumen Económico del Estado de México, Gobierno del Estado, diciembre 2025).

Derivado de toda esa inmensa riqueza creada con el esfuerzo de los trabajadores, el gobierno de la entidad ejerce uno de los presupuestos de egresos más elevados del país. Por acuerdo del Congreso del Estado, el Presupuesto de Egresos para este año es de 410 mil millones de pesos, con un incremento de 5.6 por ciento respecto al año anterior, es decir, dispone de ingentes recursos que le permitirían atender de mejor manera las necesidades de los más marginados.

Toda esta bonanza no surge por generación espontánea. La generan los trabajadores: en el estado, 8.1 millones constituyen la población ocupada, y son precisamente ellos los que no reciben sus beneficios, pues siguen en el abandono. Los mexiquenses de más bajos recursos, habitantes de comunidades campesinas y colonias populares, sufren severas carencias en servicios que el gobierno debiera proveer, pero que se niega a hacerlo. Los funcionarios adoptan una visión patrimonialista del poder, asumiendo que los recursos que administran son propiedad suya o del gobierno, pero no del pueblo. Ciertamente, en las zonas residenciales de altos ingresos, la realidad es otra; allí no hay carencias.

De acuerdo con el Coneval, 3.4 millones de personas carecen de acceso a servicios de salud (Medición Multidimensional de la Pobreza, 2024). Considerando una población total de 17.8 millones de habitantes, el porcentaje de mexiquenses sin acceso a servicios de salud es de 19.1, casi uno de cada cinco. Esto por la no afiliación a alguna institución pública o por diversas dificultades para recibir el servicio.

En materia de servicios básicos, las cosas no andan mejor. Según el Coneval, 1.3 millones de personas sufren carencias de acceso a servicios básicos en la vivienda (agua, drenaje, electricidad y combustible). Más de 245 mil viviendas carecen de agua entubada (Inegi); en números redondos, casi un millón de personas. Este problema es particularmente agudo en los municipios de: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca y La Paz, entre otros. En municipios y colonias donde, oficialmente, hay agua entubada en las viviendas, en un número difícil de cuantificar, ésta no fluye de forma constante, sino por “tandas”, o cae durante una hora o dos, o llega cada tercer día (por ejemplo, en Chimalhuacán), o con una presión muy baja. Más de cinco millones de mexiquenses reciben agua por tandeo o en p**as, principalmente en los municipios del oriente mexiquense (Comisión del Agua del Estado de México y Conagua). Esto obliga a las familias a mermar su magro presupuesto para comprar agua por su cuenta: alrededor de mil 500 pesos semanales por p**a.

Tocante al drenaje, aunque oficialmente el 96 por ciento de los hogares mexiquenses dispone de este servicio, la realidad está muy lejos de esa cifra optimista. Alrededor de 700 mil mexiquenses sufren problemas recurrentes por inundaciones, con las consiguientes consecuencias en contaminación y daño a su salud. Sufren el problema muy agudamente los municipios del Valle de México, con inundaciones recurrentes en la temporada de lluvias, toda vez que la infraestructura es insuficiente. Los habitantes se ven así en la constante necesidad de estar pidiendo a las autoridades locales el envío del camión vactor para resolver, una y otra vez, el problema de azolve del drenaje, en un cuento de nunca acabar. Esto hace a los vecinos políticamente dependientes de los presidentes municipales en turno, pues les deben “el favor” de enviar la ayuda.

La inseguridad es otra calamidad que sufre la población de escasos recursos. El 70 por ciento de los habitantes considera inseguro vivir en su localidad (Inegi). La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), aplicada por el Inegi en junio de 2025, muestra las ciudades del país con mayor percepción de inseguridad. La encuesta, levantada en diciembre del año pasado y presentada el 23 de enero de este año, consigna en su página 5 la lista de ciudades de México en orden descendente según la percepción de peligro que tienen sus habitantes. Entre las 17 más peligrosas del país, el Estado de México tiene seis (el 35 por ciento): Ecatepec, Chimalhuacán, Tlalnepantla, Cuautitlán, Toluca y Naucalpan, en ese orden.

Éstos son sólo algunos indicadores de la crisis social que se vive en el Estado de México, una verdadera tragedia: un pueblo marginado, rodeado de la abundancia que con su propio esfuerzo él mismo ha creado. Por elemental justicia económica y social, es necesario que se distribuya la riqueza con un criterio de mayor equidad, y esto puede hacerse mediante la reorientación del gasto público en beneficio de los sectores sociales más desprotegidos. No debe ser que ellos la produzcan y no vean sus resultados en sus colonias y viviendas, o que las calles y caminos estén destrozados por falta de mantenimiento a la infraestructura urbana.

Ante esta situación, el Movimiento Antorchista Mexiquense ha venido insistiendo ante el gobierno del Estado, que encabeza la profesora Delfina Gómez Álvarez, para que se atiendan las demandas de las colonias y pueblos organizados en nuestro movimiento. El Comité Estatal del antorchismo ha reiterado una y otra vez su solicitud, encontrando sólo la callada por respuesta. Salvo dos o tres simulacros de diálogo, rotos luego por el gobierno, no ha habido disposición para atender las graves carencias antes reseñadas, entre muchas otras. Sólo cerrazón y desdén hacia las peticiones de los ciudadanos más humildes representados por nuestro movimiento.

Si el pueblo no sabe luchar por sus necesidades, nadie lo hará por él. Es tiempo de que todas las colonias y pueblos que padecen problemas se acerquen a Antorcha para, juntos, reclamar los derechos de los más desprotegidos. Sólo uniendo todas las protestas e inconformidades, como pequeñas corrientes de agua, pero en un solo torrente, será posible hacer que el gobierno escuche y atienda. No existe otro camino.

Desempleo y pobreza, lejos del voluntarismo del gobierno
Francisco V. Figueroa

Los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo (ENOE), que ofrece datos mensuales de la Población Económicamente Activa (PEA), la ocupación, informalidad laboral, subocupación y desocupación. publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e informática (INEGI), dan cuenta, desde la óptica oficial, de la situación del país con relación a la situación que tiene la oferta de fuerza de trabajo, frente a las oportunidades laborales formales y también, frente a las acciones que deben implementar quienes no encuentran oportunidades de acceder a un trabajo seguro.

La realidad ha obligado al gobierno mexicano a reconocer que la situación en materia de empleo, para los mexicanos no es la más favorable; después vendrá la argumentación oficial que buscará justificar, como sucede siempre, los resultados adversos que los informes arrojan.

A nivel nacional, existe un crecimiento de la PEA; 61.9 millones de personas de 15 años y más. En junio de 2025, era de 61.8 millones, por lo que hay un incremento en cien mil personas más. Los datos del INEGI señalan que únicamente 60.1 millones de esa población tuvieron alguna ocupación, el 97.1 por ciento del total, lo que no indica, de ninguna manera que, sean personas que necesariamente hasta ese momento, hayan contado con un empleo formal.

La población desocupada, con respecto a la PEA reportada, fue de un millón ochocientas mil personas, el 2,9 por ciento; en junio del año pasado fue de 2,7 por ciento, es decir, hay un crecimiento del desempleo de 0.2 puntos porcentuales, con respecto al período anterior.

“En junio de 2026, la tasa de participación económica (porcentaje de la población con trabajo, o que no tuvo, pero estaba en la búsqueda activa de uno) se ubicó en 58.8 por ciento. Para junio de 2025, fue de 59.8 por ciento. La tasa de subocupación (porcentaje de población ocupada que buscó ofertar una mayor cantidad de tiempo de trabajo en su ocupación actual o en un empleo adicional) se estableció en 6.6 por ciento. En el sexto mes de 2025, fue de 7.4 por ciento. La tasa de condiciones críticas de ocupación —a partir de salarios mínimos equivalentes, base enero de 2026— fue de 38.5 por ciento. En junio de 2025, fue de 36.7 por ciento. Por su parte, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 55.0 por ciento. En igual mes de 2025, fue de 54.8 %”, (INEGI 24 de julio de 2026).

En función de esta información ofrecida por el organismo gubernamental, se puede observar que, la informalidad laboral (incluye a quienes trabajan en micronegocios no registrados o en el sector informal, así como a personas trabajadoras por cuenta propia en actividades de subsistencia y a quienes laboran sin seguridad social, aunque presten servicios para unidades económicas registradas) se incrementó en 33.1 millones de personas, equivalente al 55% de la población ocupada, por encima del 54.8% registrado en junio del año anterior.

El sector informal (conjunto de negocios, actividades económicas y trabajadores que operan fuera de las leyes, los registros fiscales y las reglas del Estado), concentró 17.9 millones de personas, equivalente al 29.8% de la población ocupada en el país; un aumento anual de 0.9 puntos porcentuales.

Respecto al Estado de México, la situación se presenta en términos similares: de una PEA de 8.4 millones de personas registradas en los primeros tres meses del año, 260 mil personas perdieron sus empleos formales, un incremento de 3.1 por ciento respecto al mismo período del año anterior y el empleo informal aumentó sus cifras alcanzando una tasa de 53.7 por ciento, mientras que en el año 2025 la tasa de informalidad fue de 52.2 por ciento.

La tasa de ocupación bajo condiciones críticas, indicador que mide a los trabajadores con bajos ingresos, y a las jornadas laborales exhaustivas, alcanzó el 44.3 por ciento en el primer trimestre del año, frente al 42.5 por ciento reportado en el mismo período del año pasado.

Como se puede observar, las cifras que proporcionan los organismos gubernamentales dan cuenta de una problemática social que se refleja en el aumento del desempleo, la precariedad laboral y el crecimiento de la informalidad y que las administraciones federal y estatal, las dos bajo la conducción de los miembros de la llamada cuarta transformación, no han podido, por lo menos mantener bajo control.

Los problemas sociales, al igual que los fenómenos que suceden en la naturaleza y a nivel del pensamiento, no están desligados; siempre existe una concatenación, que, al igual que su objetividad, son independientes de los deseos de las personas, en este caso, de los funcionarios del gobierno y de los adeptos del proyecto de la Cuarta Transformación.

De tal manera que el incremento del desempleo está relacionado con otros fenómenos, algunos de los cuales se pueden observar directamente, como, por ejemplo, la informalidad laboral, delincuencia, corrupción, inseguridad y, con otros quizá un poco más difíciles de identificar como la falta de inversión en la educación, en investigación científica y tecnológica, entre otros más.
Así que, debemos tomar con todas las reservas posibles, la información propagandística de los gobiernos acerca de la disminución, por ejemplo, en la criminalidad, corrupción, la violencia e inseguridad que se viven en el país. Todos estos estos problemas sociales tienen su raíz en la pobreza y mientras no se ataquen las condiciones que la generan, será imposible disminuir todos los otros males que de ella brotan. Si la población no tiene un empleo seguro, hay problemas en los hogares, el empobrecimiento se agudiza, las personas buscan alternativas que encuentran, en el mejor de los casos, en la informalidad y, en el peor, en otro tipo de actividades.

La lucha contra el desempleo, la precariedad e informalidad laborales, la criminalidad, la inseguridad social, en favor de una vida digna para todos los trabajadores y sus familias, implica una lucha contra el capitalismo, ya que las condiciones para que peste se desarrolle, requieren de la existencia de una clase empobrecida, desesperada por la venta de su fuerza de trabajo, desposeída de todo impedimento para aceptar los salarios más bajos y, por tanto, de su explotación.

Los adeptos al proyecto político de la burguesía liberal en nuestro país, autodenominado Cuarta Transformación, también se llaman a sí mismos progresistas; sin embargo, los compromisos políticos y económicos que los atan a los grandes empresarios, sus verdaderos deseos y aspiraciones, y su voluntarismo, característico del pensamiento pequeño burgués, los alejan de la realidad que interpretan a su manera, pero que nada tiene que ver con lo que vivimos millones de mexicanos pobres.

La trampa del individualismo
Abel Pérez Zamorano

Se entiende por individualismo “Toda doctrina moral o política que reconozca al individuo humano un valor predominante de finalidad respecto de las comunidades de que forma parte. El extremo de esta doctrina es, obviamente, la tesis que postula que el individuo tiene valor infinito y la comunidad valor nulo (…) es el fundamento teórico del liberalismo en su primera aparición en el mundo moderno” (Nicola Abbagnano, Diccionario de Filosofía). Históricamente, la reivindicación absoluta del individuo aislado se vio fortalecida por el capitalismo, que lo pondera y lo opone a la colectividad en términos irreconciliables.

Pero contra todas esas pretensiones, no somos individuos aislados, self-made men (hombres que se hacen a sí mismos). Desde sus orígenes, la especie humana surgió haciendo vida gregaria, por estricta sobrevivencia frente a los depredadores y para obtener alimento. Al dejar la vida arborícola, el hombre sólo podía sobrevivir en estrecha colaboración con la comunidad. Con el esclavismo inició el largo proceso de disolución de la comunidad primitiva. En la antigüedad, los esclavos, la inmensa mayoría de los habitantes, no existían como personas. Eran masa anónima. Tiempo después, la ideología medieval europea reducía también al hombre a nada, a polvo, frente a las potencias divinas.

Las raíces del individualismo son económicas, y fue el capitalismo el ambiente social que le dio mayor impulso. En la Reforma protestante –avanzada intelectual del capitalismo– destacó Juan Calvino (1509-1564), quien argumentó en favor del naciente sistema que el enriquecimiento individual es muestra de gracia divina. Es la así llamada “teología de la prosperidad”. Por su parte, Adam Smith concibe al individuo egoísta como el motor de la vida económica; en busca siempre de maximizar la ganancia y el consumo personales, paradójicamente, genera bienestar social, dice.

El capitalismo se basa en la propiedad privada, que es “exclusiva”; es decir, la propiedad de una persona sobre un bien excluye a otros. Más específicamente, la raíz económica capitalista del individualismo es la competencia, que enfrenta a los propietarios en una feroz guerra de todos contra todos por los mercados. Cada vendedor busca para sí la preferencia de todos los compradores. En una palabra, el monopolio es el paraíso de todo capitalista: un mercado sólo suyo, sin competidores, a quienes se enfrenta y busca imponer límites o, de ser posible, destruirlos. Allí, el éxito de uno entraña el fracaso del otro. Asimismo, en la relación entre capital y trabajo, si la plusvalía aumenta, el salario baja, y viceversa.

Desde sus profundas raíces económicas, el individualismo derivó en filosofía y principio moral dominante. Así se ve en el superhombre de Nietzsche, donde el individuo es elevado por encima de la masa, concebida a su vez como atrasada, ignorante e incorregible. Desde la perspectiva nietzscheana, el hombre alcanza la excelsitud alejándose de “la muchedumbre”. Ya en nuestra época, Margaret Thatcher, primera ministra británica, en declaraciones a la revista Woman’s Own (31 de octubre de 1987), se cuestionaba: pero ¿quién es la sociedad? Y respondía: no existe tal cosa. Hay hombres y mujeres individuales y hay familias y ningún gobierno puede hacer algo si no es a través de las personas, y las personas primero tienen que luchar por sí mismas. ¡La sociedad no existe!

Esta misma filosofía inspira la enseñanza tradicional de la historia, donde se realza como motor de los grandes acontecimientos la acción sola de personajes insignes, superiores por alguna extraña razón al común de la gente. Como mesías políticos o lobos solitarios, ellos hacen los grandes cambios sociales, donde las masas actúan a lo sumo como comparsas. No desempeñan el papel protagónico.

Contra toda esta ideología de ensalzamiento del individuo, en la vida real el hombre aislado de la sociedad es inconcebible, incluidas las cualidades y características que lo hacen humano, pues es un ser social. Algo tan obvio: hablar es un acto social. Nadie aprende a hablar si no escucha a otros, ni elige el idioma que habla: se lo transmite la colectividad en la que nace. El gusto musical y la cultura gastronómica están socialmente determinados. Preferimos y comemos lo que come nuestro pueblo. Y así sucesivamente.

La idea del hombre que se crea a sí mismo es falsa, y tramposa, pues admitida como premisa, nos lleva a concluir, consecuentemente, que él merece toda la recompensa por sus logros, que son, por definición, obra exclusivamente suya, y en los que nadie más lleva mérito. Su falsedad es evidente. Por ejemplo, en los centros educativos, los niños y jóvenes, sin menoscabo de su esfuerzo personal, no se educan solos: son los profesores, las escuelas y el pueblo con sus impuestos, quienes lo hacen. Además, toda la cultura recibida es fruto del esfuerzo y la creatividad de todas las generaciones pasadas. Igualmente, es la sociedad la que cura a los enfermos; es difícil curarse a sí mismo, aisladamente. De ahí que el individuo que se separa del colectivo no sólo no se fortalece: se debilita, pues pierde la formación, la energía, el apoyo que le brinda la comunidad. Y a la inversa, su fuerza será siempre mayor en medio de la colectividad, arropado por ella.

Y de aquí se infiere una conclusión fundamental: que es gran despropósito ofrecer o buscar soluciones individuales a los grandes problemas sociales; como pretender que cada cual resuelva el problema de la inseguridad nacional, la crisis del sistema de salud, el atraso educativo. Sólo la acción social organizada en grande puede enfrentarlos.

Finalmente, en la exaltación del individuo y la campaña contra lo colectivo también actúa el poder. Existe una política de Estado orientada a disolver las organizaciones sociales. En el neoliberalismo, el gran capital las combate, por ejemplo, aplicando una política antisindical sistemática. Al respecto, el investigador Jesús Rubio, de El Colegio de la Frontera Norte, en su artículo Sindicalización y precariedad laboral en México (2017), señala: “Los datos más recientes muestran que la tasa de sindicalización sigue con esta tendencia a la baja a escala nacional, desde los años ochenta”. Más adelante, agrega: “Si bien es cierto que desde hace cuatro décadas la densidad sindical en México va en declive, se demuestra que los trabajadores sindicalizados son menos precarios que sus contrapartes”. Este simple hecho revela el poder que tiene, o puede tener, la acción colectiva (así sea en su forma más elemental, como el sindicato) en defensa de los intereses de los trabajadores, comparada con la indefensión del individuo aislado frente a sus patronos.

Finalmente, y como contexto más general, desde el advenimiento de la propiedad privada, la sociedad ha vivido inmersa en una lucha entre clases sociales: grandes conglomerados humanos determinados por un vínculo común frente a la propiedad sobre los medios de producción y frente a la forma y el monto de apropiación de la riqueza. Nadie puede sustraerse a este conflicto. Todos formamos parte de una clase social, sepámoslo o no; querámoslo o no. Y frente a la acumulación de la riqueza por una élite capitalista, es indispensable estructurar la lucha de los trabajadores en un partido que los coordine y dirija su acción hacia la toma del poder político. Ésta debe ser la forma suprema de acción social organizada, única vía de liberación de las grandes masas desposeídas. Deben liberarse del espejismo, salir de la trampa individualista y abandonar toda esperanza de que la acción individual aislada resuelva los problemas de los trabajadores, tesis que, además, choca con la realidad económica.

La producción es cada vez más social y menos un acto individual. Es obra de ejércitos de trabajadores coordinados. Aun el campesino más aislado depende de otros que le proveen herramientas, fertilizantes, etc. En general, cada ser humano está socialmente determinado y vitalmente integrado en la sociedad, de la cual recibe todo.

Por consecuencia, el crecimiento e incluso el éxito del individuo habrá de alcanzarse no en contra del colectivo o por encima de él, sino junto con él, dentro de él, en la defensa de la propia clase. Sólo la colectividad ofrece al hombre las fuerzas necesarias para enfrentar las dificultades de la vida, impulsarlo y dotarle de conocimientos y habilidades. No debe haber una contraposición entre individuo y sociedad, menos entre él y su clase, sino una relación armónica donde la persona trabaje por el bien común, y que de este último redunden el bienestar y el desarrollo individual.

En la historia de México, los ricos controlan el poder
Por Abel Pérez Zamorano

Desde la conquista española, la nuestra es una historia de lucha de clases, donde los poderosos en cada etapa han impuesto su dominio económico y político. La conquista, que en estos días glorifican aquí mismo los ultraderechistas españoles y mexicanos, constituyó una inmensa tragedia que ha trascendido los siglos, hasta los días que corren. La más alta civilización entonces existente en América fue arrasada; sus recursos naturales, como la plata y el oro, saqueados; la población indígena fue casi exterminada por sobreexplotación, hambre y enfermedades desconocidas aquí: estudios serios revelan que a finales de la colonia quedaba menos del 10 por ciento de la población nativa existente cuando la conquista. México fue sometido al yugo colonial español durante tres siglos; desde el inicio se impuso a los indígenas el régimen de la encomienda, brutal sistema de esclavitud disfrazada; se les arrebataron sus tierras, se ultrajó a sus familias y se les sometió al bárbaro régimen semifeudal terrateniente traído de España.

Contra esta situación estalló la guerra de Independencia, encabezada principalmente por don Miguel Hidalgo y don José María Morelos. Ambos próceres buscaban crear una república y “echar fuera a los gachupines”, como habían llegado, sin llevarse sus riquezas mal habidas. Los “Sentimientos de la Nación”, leídos en el Congreso de Chilpancingo en 1814, sintetizaron el pensamiento político de Morelos; por ejemplo, “Que la soberanía dimana inmediatamente del Pueblo, el que sólo quiere depositarla en sus representantes dividiendo los poderes de ella en Legislativo, Ejecutivo y Judiciario [ni rastro de monarquía, APZ] (…) Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales”. Hidalgo proponía (documento emitido en Guadalajara) restituir las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas; ello implicaba la supresión de los latifundios.

Lamentablemente estos proyectos, justicieros y progresistas, no se materializaron, porque ambos caudillos fueron pronto asesinados: Hidalgo en julio de 1811, en Chihuahua (a diez meses de iniciada la guerra); y Morelos en diciembre de 1815, en Ecatepec. A la postre terminó imponiéndose el imperio de Agustín de Iturbide, que duró escasos ocho meses, entre 1822 y 1823.

Iturbide, de padre español peninsular, pertenecía a una rica familia de comerciantes y terratenientes de Valladolid (Morelia). Fue un destacado oficial del ejército realista y un feroz enemigo de los insurgentes: le apodaban el “Dragón de Hierro”. En 1814 derrotó a Morelos en Puruarán, Michoacán, donde también aprehendió y luego fusiló a don Mariano Matamoros, brazo derecho del generalísimo. En 1820, en hábil maniobra, el futuro emperador –seguramente de acuerdo con españoles poderosos–, de la noche a la mañana se volvió “partidario de la independencia”; proclamó junto con Vicente Guerrero el Plan de Iguala y terminó apoderándose de la victoria. Con la independencia, bastante relativa y acotada en los Tratados de Córdoba, triunfaron, pues, los ricos, mientras los pobres siguieron padeciendo como siempre, víctimas de los viejos y nuevos terratenientes.

Al caer Iturbide, éstos conservaron el control, que asumió años después otro rico terrateniente: el veracruzano Antonio López de Santa Anna, quien gobernó México en 11 ocasiones, de manera intermitente, desde 1833 hasta 1855, año en que fue derrocado por la revolución de Ayutla. Pero en este movimiento rebelde no fueron los indígenas, los pobres, quienes tomaron el poder, sino los hombres de la Reforma, pioneros del desarrollo capitalista; por ejemplo, buscaban eliminar los latifundios, laicos y eclesiásticos (base de la estructura terrateniente semifeudal), e incorporar la tierra al mercado; una política indudablemente revolucionaria en su momento, pero de corte capitalista y que entonces no prosperó.

Los terratenientes resistieron, lanzaron la guerra de Reforma y trajeron a Maximiliano; pero el latifundio cobró luego renovadas fuerzas, y durante el Porfiriato alcanzó su apogeo; ejemplo de ello fueron las haciendas de Luis Terrazas en Chihuahua, acaudalado terrateniente y político poderoso, cuyas propiedades llegaron a abarcar 2.3 millones de hectáreas. En general, menos del uno por ciento de las familias de finales del Siglo XIX y principios del XX poseían el 85 por ciento de las tierras cultivables. Con ellos gobernó Porfirio Díaz. Eran su base económica y su soporte político. Y sobre esa base se erigió un infame régimen de explotación de los campesinos (la población rural representaba más del 75 por ciento del total), que vivían como peones acasillados en las haciendas.

Contra ese orden terrateniente y luego de progreso capitalista se alzó la Revolución Mexicana de 1910, encabezada por la clase burguesa, con Madero, Obregón y Carranza como líderes más distinguidos. Los campesinos pusieron su sangre para derrocar al régimen. La toma de Ciudad Juárez, encabezada principalmente por Francisco Villa, junto con Pascual Orozco, precipitó la renuncia de Díaz; y la toma de Zacatecas, dirigida por los generales Villa y Ángeles, fue la estocada final a la dictadura de Victoriano Huerta, retoño del porfirismo y criatura del imperialismo norteamericano.

Sin embargo, en 1911, siendo ya presidente, Madero se negó a devolver las tierras a las comunidades, como había prometido a Zapata y a los campesinos del estado de Morelos; éstos desconocieron al gobierno, lanzaron el Plan de Ayala y reiniciaron la lucha armada. Habían sido burlados, una vez más, con falsas promesas. Finalmente, los líderes populares, artífices del triunfo revolucionario, fueron asesinados por el gobierno capitalista: Zapata y Ángeles, en 1919; y Villa, en 1923. Quedó así descabezado el pueblo trabajador y, ¡nuevamente!, el poder en manos de los ricos. Y el pueblo, siempre utilizado y marginado, quedó a la espera, recibiendo promesas, engaños y migajas tranquilizantes, como hasta hoy.

A más de cien años del triunfo de la Revolución Mexicana, México sigue económicamente dominado y políticamente gobernado por la clase rica. Ahora el poder tras el trono lo detentan las poderosas empresas trasnacionales, los monopolios del imperialismo, y también magnates mexicanos que concentran la riqueza, y en grande. Según Oxfam, la fortuna de los 22 milmillonarios mexicanos se multiplicó por 4.2 veces en los últimos treinta años; y agrega que el uno por ciento más rico percibe el 35 por ciento del ingreso y controla 40 por ciento de la riqueza. Esta tendencia acelerada lleva décadas y continúa hoy en un régimen donde pretendidamente los pobres son primero. Pero la realidad de los más humildes sigue siendo la de siempre: pobreza y necesidad en todas sus formas y grados.

Como vemos en esta apretada reseña de las luchas de clases en México, el pueblo ha sido siempre utilizado y marginado, invariablemente condenado a servir a los ricos en la paz como en la guerra. Y la causa es que ha ido siempre a la zaga de las clases acomodadas, sirviendo como carne de cañón, sin constituirse en fuerza independiente, libre de ataduras. La clase trabajadora ha carecido de un partido propio con un claro proyecto de país, suficientemente educado, organizado y disciplinado, capaz de encabezar a las grandes masas para tomar el poder y formar un gobierno estable y fuerte; capaz también de hacerse respetar y de imponer respeto a la soberanía nacional, y de orientar la política económica (impuestos, gasto público, etc.) en favor de quienes se ganan la vida con su trabajo, sin explotar a otros.

Pues bien, el Movimiento Antorchista Nacional ha surgido para construir esa organización que agrupe a todos los explotados que deseen luchar por el verdadero progreso de México y el bienestar del pueblo. Es momento de terminar esta ignominiosa historia de control por los ricos y de abrir paso a una nueva época donde gobierne el pueblo en interés del pueblo. Lograrlo es posible; es cosa de poner manos a la obra.